La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es la responsable de defender el territorio nacional, garantizar la soberanía y resguardar la seguridad de la Nación. De igual forma es el cuerpo encargado de manejar las armas, garantizar el monopolio de la violencia del Estado venezolano y velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional.
Por los distintos procesos históricos y culturales del país, el poder militar ha sido un estamento con mucha influencia en la vida política del país, pero en 2017 y, en general en los últimos años, el predominio se ha convertido en control casi absoluto de los sectores sociales claves para la sociedad.
De los 32 ministerios que conforman el ejecutivo nacional, el 37,5% (12 ministerios) se encuentra bajo la responsabilidad directa de personal militar, y no cualquier ministerio, tal como se detalla a continuación:
- Ministro del Poder Popular para el Eco socialismo y Aguas
- Ministro del Poder Popular de Obras Públicas
- Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
- Ministro del Poder Popular para el Transporte
- Ministro del Poder Popular para la Defensa
- Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras
- Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura
- Ministro del Poder Popular para la Alimentación
- Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica
- Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda
- Ministro del Poder Popular para la Nueva Frontera de Paz
- Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería
Bajo el control de personal militar se encuentran áreas tan importantes para la sociedad como la energía eléctrica, hábitat y vivienda, transporte, obras públicas, agua, alimentación y relaciones interiores, adicional al ministerio de defensa que por las características del organismo es frecuente que se nombre a un militar
La incidencia no solo se observa en el poder ejecutivo a nivel nacional; de igual forma, en el poder estadal y municipal se halla una importante presencia del sector castrense. Entre los nuevos gobernadores proclamados por la Constituyente se encuentran:
Coronel Ramón Carrizales, Apure. Vicealmirante Carmen Meléndez Lara. General Jorge Luis García Carneiro, Vargas. General Rodolfo Marco Torres, Aragua. General Henry Rangel Silva, Trujillo. General Justo Noguera Pietri, Bolívar
PDVSA Y CVG:
Un sector en el que la influencia es tan decisiva pero no tan evidente, es el de las empresas públicas que se encuentran controladas y bajo la influencia de importantes funcionarios del mundo militar. Muestra de esto es el caso de las dos empresas más representativas del país: PDVSA y el holding de la CVG.
El Presidente de la República, nombró al mayor general Manuel Quevedo como presidente de PDVSA, al mismo tiempo que fue designado ministro de petróleo, no solo socavando el proceso de rendición de cuentas y contra pesos de la gestión pública, sino convirtiéndose en el evento necesario para afirmar que el control político y económico del sector militar sobre el desarrollo económico del país sea total.
La influencia militar sobre PDVSA no solo se limita a la presidencia. De los cargos directivos relacionados directamente con el funcionamiento de PDVSA, cuatro se encuentran bajo la tutela de funcionarios castrenses. La vicepresidencia ejecutiva estuvo en manos de la Vicealmirante Maribel Parra, quien a su vez es directora de CAMIMPEG, evidenciándose que el segundo puesto de mayor incidencia de PDVSA, queda bajo el mando de la persona encargada de coordinar y representar a todo el poder militar de la Nación.
El proceso de refinación y la dirección externa con competencia en el área de finanzas se encuentran, de igual forma, bajo la tutela de funcionarios militares, observándose un ciclo que abarca no solo el funcionamiento interno de PDVSA, sino la interrelación con los otros sectores productivos, financieros y cambiarios, representados por la figura del General retirado Rodolfo Marco Torres.
La otra gran muestra del proceso de dominio castrense de la administración pública se encuentra en el holding de empresa de la CVG, que listando solo a los presidentes de los últimos 20 años podemos determinar el grado de penetración militar en las empresas básicas. Desde la llegada al poder del fallecido presidente Chávez, 7 de los últimos 10 presidentes del holding de la CVG han sido funcionarios militares activos o en situación de retiro.
Con el actual presidente de la CVG, Justo Noguera, se da el caso que también cumple las funciones de gobernador del estado Bolívar, eliminando cualquier contrapeso político de la zona y, básicamente, poniendo bajo su mando los recursos mineros y naturales de casi un tercio del territorio físico de Venezuela.
De los 12 funcionarios que ejercen funciones de presidentes o directores generales de las empresas básicas de la CVG, 5 de ellos pertenecen al sector militar.
SEGURIDAD Y DEFENSA
Dada la naturaleza de la institución, garantizar la seguridad y la defensa del país debería ser el principal objetivo de la FANB, pero al analizar en detalle la información disponible se observa cómo ni los recursos humanos ni financieros del organismo están enfocados en estas áreas, sino que se encuentran diluidos en distintos sectores ajenos a esta función y sin ninguna conexión directa con la defensa del país.
De las 33 entidades adscritas al Ministerio de la Defensa, solo seis tienen objetivos directamente relacionados a la defensa y seguridad de nuestra soberanía, y estas seis manejan solo el 24 por ciento del total de recursos asignados a la FANB.
De 1.329.191 millones de bolívares asignados al sector militar en 2017, el 76 por ciento; es decir, 1.099.588 millones se destina a gastos distintos a la seguridad y defensa del país. Se orientan a sectores controlados por el poder militar sin ninguna incidencia directa y clara para la defensa de nuestra soberanía.
El otro punto a destacar es la distribución del recurso humano militar entre los entes dedicados a la defensa y los dedicados a otros fines. Las unidades destinadas a actividades de defensa solo concentran el 13,67 por ciento de total de 489.497 funcionarios administrativos al servicio del poder militar.
ALIMENTACION
De los once ministros que han pasado por el Ministerio de Alimentación, diez han sido militares.
Desde la creación de la Misión Alimentación, el Estado ha invertido US$ 31.802 millones, pero el hambre, la desnutrición y la muerte por inanición aumentan año a año. Estos ministros han tenido un control decisivo sobre el uso de ingentes cantidades de recursos, no solo en bolívares, pues las importaciones de alimentos, como todas las importaciones que realiza el gobierno, han sido opacas y se realizan a un cambio de 10 Bs./$, lo que supone una posibilidad de enriquecimiento brutal, con alta discrecionalidad y una baja o nula posibilidad de sanción. Por ahora.
A ello se suma que el poder militar tiene el control de la distribución estatal de alimentos y otros productos de consumo básico a través del Comando para el Abastecimiento Soberano creado en septiembre de 2016. Además de la coordinación de los nueve principales mercados mayoristas, 18 rubros fueron asignados cada uno a un general o alto oficial de la Armada:
• Aceite: General de Brigada Jorge Pérez.
• Arroz: General José González.
• Avícola: Contralmirante Ángel Rueda.
• Azúcar: General de Brigada Ludwing Palima.
• Carne bovina: General de División Luis Jiménez.
• Café: Contralmirante Juan Jiménez.
• Caraotas: General de Brigada Reynzer Rojas.
• Artículos de higiene personal: General de Brigada Fernando Prieto.
• Farmacéutico: General de División Juan Rivas.
• Harina de Maíz: Vicealmirante Freddy Lozada.
• Lácteos: General de Brigada José Gregorio Pérez.
• Maíz Amarillo: General de División Javier Antonio Rosales.
• Margarina: Contralmirante Adolfo Contreras.
• Papel higiénico, toallas sanitarias y pañales desechables: General de Brigada Manuel Vera.
• Trigo: General de División Francisco Yánez.
• Pescado: Vicealmirante Luisa María Lozada.
• Carne porcina: General de Brigada Rubén Barreto.
• Soja: General de Brigada José Jesús Hernández.
FINANZAS
La Fuerza Armada tiene la obligación constitucional de velar por la defensa del territorio y la soberanía nacional, pero al profundizar en qué invierte los recursos y cuáles son las prioridades de las instituciones que componen nuestro sistema de defensa, se observa que el mayor foco de la Fuerza Armada son las finanzas públicas del país.
Adscritos al Ministerio de Defensa se encuentran siete organismos financieros: su propio banco, una aseguradora, una empresa de transporte de valores, instituciones para el manejo de los distintos fondos manejados por la FANB y un organismo de inversiones sociales y financieras.
PETRÓLEO Y MINERÍA
Desde la estatización de la industria petrolera en 1976, PDVSA se convirtió en una de las compañías energéticas más importantes del mundo, sin importar los procesos políticos que estuviese viviendo el país. El funcionamiento profesional y autónomo de la empresa era uno de los pilares para la economía de la última mitad del siglo XX en Venezuela.
Con la llegada al poder del presidente Chávez y las posteriores modificaciones de la empresa realizadas luego del paro petrolero, PDVSA perdió su carácter institucional y se convirtió en la más poderosa herramienta política y financiera al servicio de un proceso político con un claro sesgo militar.
Pero desde la fundación de CAMIMPEG (Compañía Anónima Militar de la Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas) se inaugura un peligroso antecedente nunca antes visto en los cien años de historia petrolera en el país. Un estamento de la sociedad se apropia de la producción y explotación petrolera, y PDVSA pierde el control sobre la producción petrolera nacional.
La actividad militar sobre la explotación minera no se reduce solamente a la actividad petrolera. Gracias a las operaciones realizadas por Cancorfanb juega un papel protagónico en la producción, explotación y distribución de piedras preciosas y resto de minerales con valor en el mercado de commodities.
Las cantidades producidas representan una empresa importante de divisas para el país. Solo para 2017 por el concepto de explotación de piedras preciosas y sus derivados, se planificó la producción de 72.000 toneladas, las cuales serán vendidas en los mercados internacionales pero que, debido al cerco informativo, no se cuenta con los recursos de acceso público necesarios para hacer un seguimiento adecuado de esos dineros. Lo que si, se sabe es que Venezuela fue expulsada del Protocolo Kimberly hace más de 14 años, y no presenta datos ante ningún ente internacional.
INDUSTRIAL
De igual forma, la FANB toman parte en el proceso industrial del país a través de los organismos que se centran en la producción industrial, principalmente en la manufactura de automóviles y productos industriales por medio del Complejo Industrial Fuerte Tiuna I y la EMS Vehículos Venezolanos.
Importante destacar que ambas empresas públicas no publican información referente al manejo de sus finanzas y resultados financieros, y el proceso de rendición de cuentas no está claramente establecido ni es auditable.
Se destaca que la producción industrial no se da bajo un criterio estratégico o de seguridad nacional, sino más por las necesidades del momento o una agenda particular que escapa del dominio público.
El Complejo Industrial Fuerte Tiuna I es uno de los intentos más recientes por parte de la FANB por seguir permeando su influencia en los procesos productivos del país. El Complejo Industrial Fuerte Tiuna I, sólo en 2017, abarca proyectos tan inverosímiles como la producción de uniformes militares y escolares y, a la vez, el tratamiento de agua potable y otros recursos naturales.
En lo que respecta al sector automotor, a pesar de contar con la capacidad instalada trabajando a un 15%, según la información ofrecida por Conindustria, la empresa EMS Vehículos Venezolanos destinó Bs. 34.819.377.745 de los recursos públicos para manufactura de 1.100 vehículos en 2017. Es decir, cada vehículo saldría en Bs. 31.653.979,77 contando con que todo lo necesario lo pueden comprar a dólar preferencial (10Bs/$).
La información referente a los modelos, proceso de comercialización, manufactura y estados financieros, es totalmente opaca al acceso público.
CONSTRUCCION
La construcción es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo económico. Es una actividad que multiplica el empleo, la demanda por insumos industriales y contribuye a la formación bruta de capital de un país.
El desempeño del sector construcción ofrece un buen diagnóstico del comportamiento general de una economía. La influencia del poder militar también alcanza este vital sector. Los organismos con competencia en esas áreas son la Constructora IPSFA y CONSTRUFANB que para 2017 construirían 672.601 metros cuadrados, representando para el Estado una inversión de Bs. 5.716 por cada metro cuadrado a realizar en 2017:
TELECOMUNICACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Previamente se señaló la influencia del poder militar en el sector construcción, y al igual que en todos los sectores claves para el funcionamiento económico del país, la FANB participa activamente en los servicios de telecomunicaciones por medio de EMCOFANB, empresa que juega tanto para servicios para usos internos dentro del mundo militar como en otras esferas del poder público nacional.
Su participación activa en todos los sectores del país, ha generado la necesidad en la FANB de crear sus propios medios de comunicación para expandir la influencia que tienen sobre la sociedad. Con este fin en mente, desde octubre 2017 se creó TVFANB como un instrumento de conexión emocional y comunicacional entre la Fuerza Armada y la población.
La idea detrás de la formación de esta televisora, más que convertirse en un medio de comunicación institucional, refleja el poder de la institución en todos los sectores de la sociedad al ser proactivamente un gobierno paralelo y con capacidad instalada para auto administrarse sin la necesidad de la participación externa de cualquier elemento de la sociedad que no sea parte del sector militar.
TURISMO
La incidencia del poder militar se encuentra esparcida desde los sectores prioritarios para la Nación como el petrolero, minero, telecomunicaciones y construcción, pero su influencia alcanza sectores que tradicionalmente –por la naturaleza de los mismos- no tienen ninguna relación directa con el mundo militar, como el turismo, entre otros.
Las empresas públicas Viajes y Turismo IFAMIL e IACFA, son operadoras turísticas que, aunque no exclusivamente hacen énfasis en la atención y prestación de servicios turísticos para la familia militar en el país, tienen un importante papel no solo por prestar servicios turísticos a muchos ciudadanos, sino por ser compañías del sector político y económico más privilegiado de la Nación y no regirse por las leyes del mercado.
Ejercen una presión desleal a la hora de competir con los prestadores de servicios turísticos tradicionales que no cuentan con la capacidad financiera y política para afectar los precios del servicio.
CONTRATACIONES DE LOS MILITARES
El protagonismo de los militares es cada vez más evidente, perdiéndose así el objeto tanto de la institución armada como de la civilidad en su espacio y competencias en el desarrollo de la sociedad.
Tal situación ha sido promovida desde el Gobierno Nacional que ha encomendado las contrataciones, control, administración y gestión de diversos sectores como construcción, alimentación y medicinas, entre otros, al cuerpo militar. Una investigación realizada por el portal de investigaciones periodísticas “Armando.info” reseña la vinculación de 785 oficiales activos en contrataciones diversas y en cargos de alta jerarquía. En el sector construcción hay otros 286 oficiales, 75 en alimentación, 38 en material médico/medicinas y 70 en informática, por mencionar algunos.
Entre otros sectores al mando de los militares, en lo que a contrataciones se refiere, se observan: repuestos automotores, transporte, petróleo/minería, artículos deportivos, comercio general, seguridad, turismo, mantenimiento, agropecuaria y vestido y calzado.
Dada esta consideración y aunado a las relaciones de contratación, queda implícita la preponderancia del cuerpo militar en los diferentes entornos y actores que hacen vida en la sociedad civil, lo que deja ver la imposición en las relaciones económicas, así como en las cadenas de mando y jerarquías en espacios que no son de naturaleza militar
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